La Comisión Directiva de ADIUNSa expresa su repudio a los despidos masivos de personal en el Ministerio de Agroindustria, y en particular de los trabajadores de la Secretaría de Agricultura Familiar que en nuestra provincia suman al menos 16 cesantías.
Asimismo, expresa su solidaridad e invita a la comunidad universitaria a colaborar con el fondo de lucha y a apoyar el reclamo por la inmediata reincorporación de todxs lxs trabajadorxs despedidxs.
La medida afecta a personal calificado que trabaja en territorio para procurar soluciones y mejoras para pequeños agricultores, campesinos e indígenas. Una de las personas a las que comunicaron el cese es docente de la UNSa y afiliada a nuestra Asociación.
Quedan claramente expuestas las prioridades de la política que lleva adelante el gobierno actual, ya que al mismo tiempo que despide a trabajadorxs que cumplen funciones de apoyo a sectores menos favorecidos de la sociedad, designa funcionarios con altas remuneraciones en la misma cartera y subsidia las contribuciones patronales de la gigantesca cadena Carrefour.
Los despidos en el Estado no tienen por objetivo sancionar a quienes -supuestamente- no trabajan: si así fuera, las autoridades hubieran iniciado los sumarios o los procedimientos correspondientes, con el derecho a la defensa que les corresponde. En cambio, elige amputar funciones del Estado, desarticular mecanismos de control sobre las actividades productivas y comerciales (INTI, SENASA), reducir organismos que impulsan el desarrollo social y contraer los organismos de investigación, imprescindibles para un país que pretenda un desarrollo autónomo.
El personal despedido en Agricultura Familiar trabaja en el área desde hace más de 10 años (en algunos casos, hasta 25 años) e incluye a parejas, dejando sin sustento a familias completas.
En los locales gremiales (Salta y Tartagal) se recibirán las colaboraciones para ayudar a sostener la lucha por la reincorporación de todxs lxs despedidxs, y en particular para las familias que han quedado desguarnecidas por la decisión insensible de un gobierno que busca poner el Estado al beneficio de los grandes negocios y la especulación financiera, en desmedro de las mayorías populares.
