Desde la Asociación Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Salta (ADIUNSa), vemos con entera preocupación el cierre y la censura previa ejercida por parte del gobierno de Salta hacia lxs trabajadoxs de prensa de la AM 750 Salta (FM 92.7 MHz) por el cumplimiento de su deber social y constitucional de informar. Hacemos responsable al gobernador Gustavo Saenz de aprietes y censura para acallar toda voz crítica que, como tal, todo gobierno constitucional debe garantizar sin que ello implique el silenciamiento y la persecución de quienes ejercen el noble ejercicio del periodismo en el libre juego de la democracia.
Le recordamos a los funcionarios provinciales de turno que tales derechos están consagrados en el Articulo 14 de la Constitución Nacional, el cual establece que: “Todos los habitantes de la Nación gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio; a saber: de trabajar y ejercer toda industria lícita; de navegar y comerciar; de peticionar a las autoridades; de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio argentino; de publicar sus ideas por la prensa sin censura previa; de usar y disponer de su propiedad; de asociarse con fines útiles; de profesar libremente su culto; de enseñar y aprender”. Por su parte, el Artículo 32 de la C.N, deja perfectamente aclarado que: “El Congreso Federal no dictará leyes que restrinjan la libertad de imprenta o establezcan sobre ella la jurisdicción federal”; por lo tanto es loable que tales derechos y garantía también son comprendidos a los medios electrónicos como los servicios de radio, televisión e internet como lo establece la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual 26.522 en el Artículo 2 al entender que: “los servicios de comunicación audiovisual se considera una actividad de interés público” – a la vez que – sustenta sus principio constitucional en el artículo 75 inciso 19 a los efectos de “salvaguardar el derecho a la información, a la participación, preservación y desarrollo del Estado de derecho, así como los valores de la libertad de expresión”
Es por ello que entendemos que todo acto intimidatorio por parte del gobierno provincial, o parte de sus funcionarios, es un ataque artero y autoritario a los principios republicanos y DEMOCRATICOS al ejercicio profesional del periodismo y la pluralidad de voces e ideas.
