Adjuntamos nota enviada en el día de la fecha al Rector CPN Antonio Fernández Fernández.
(18-05-17)Sobre convenio con modernización
Salta, 16 de mayo de 2018
Sr Rector de la
Universidad Nacional de Salta
CPN ANTONIO FERNANDEZ FERNANDEZ
S / D
Con copia al Consejo Superior
Habiendo tomado conocimiento que el Ministerio de Modernización de la Nación giró proyectos de Convenio entre las Universidades, la Secretaría de Políticas Universitarias y esa cartera, en los cuales se propone que esta última “brinde asesoramiento técnico” respecto de la “dotación de recursos humanos” de las casas de estudio; y ante las profundas implicancias que tendría para el personal que se desempeña en la UNSa y en relación con el ejercicio de la Autonomía Universitaria, solicitamos a Ud. tenga a bien enviarnos copia del proyecto de convenio en cuestión.
No podemos desconocer que en nombre de los “informes de dotación óptima” generados por el Ministerio en cuestión, el actual gobierno ha impulsado cientos de despidos de trabajadores en diferentes reparticiones, ha promovido la precarización de las relaciones laborales (en nombre de la “flexibilidad”) e incluso se ha denunciado que esos instrumentos sirvieron de base para la persecución de activistas sindicales y políticos. Detrás de la pretendida flexibilidad se enmascara la visión según la cual los trabajadores que realizan planteos gremiales, que defienden sus derechos, que -en definitiva- no devienen en perfectos obedientes de las directivas superiores, no constituyen personal deseable para los objetivos de las reparticiones.
No deja de ser irónico que se pretenda instaurar una perspectiva de este tipo justamente en el año del centenario de la Reforma Universitaria, uno de cuyos pilares ha sido la Autonomía de las Casas de Estudio, especialmente respecto del poder político. Consentir, entonces, que un órgano de gobierno se arrogue la potestad (y el conocimiento) de “asesorar” a la Universidad respecto de cómo debe gestionar su personal implica una flagrante y ofensiva violación a ese principio.
Pero además, el enfoque oficial -plasmado en el Decreto 434/2016 del Ministerio de Modernización- pretende homologar el funcionamiento del Estado al de las empresas privadas, y desde un enfoque en el cual el trabajador se reduce a “recurso humano”, intercambiable, sin identidad ni valoración, y ajeno a los objetivos de la entidad en la que se desempeña.
Cabe recordar que en nuestra Universidad el trabajador ES PARTE del gobierno -con la lamentable excepción de quienes se desempeñan en los IEM, y cuya ciudadanía aún está pendiente de otorgar- y por lo tanto es artífice de las metas y objetivos que la institución defina.
Finalmente, la perspectiva impulsada por la cartera que conduce Andrés Ibarra ignora a las organizaciones sindicales y pretende intervenir en las condiciones de trabajo sin que las mismas sean parte de tal proceso. Cualquier análisis de las condiciones de trabajo debe contar con la directa participación de las entidades que representan los intereses de los empleados en tanto tales. Parafraseando al Manifiesto Liminar de la Reforma, una gestión que se base en el atropello será “hostil y de consiguiente infecunda”.
Por lo expuesto, solicitamos:
– Se proporcione a nuestro sindicato de una copia del proyecto (o de los proyectos) girados por el Ministerio de Modernización
– Se convoque a un amplio debate sobre las implicancias de estas iniciativas
– Se rechace cualquier intento de definir, influir u orientar desde el Poder Gubernamental la conformación de las estructuras de la Universidad.
Atentamente.
Por Comisión Directiva
Pablo Kirschbaum
Secretario Gremial
