Este año está marcado por el ajuste más brutal desde el retorno de la democracia (con todo lo que incluye, como represión y recorte de derechos) y por la lucha del sector universitario, quizás la única que logró masividad más allá de lo sectorial, siendo el único que se erigió de manera nítida como oposición al gobierno.
La motosierra cercenó puestos de trabajo y funciones públicas en todas las áreas del Estado, en medio de una política de entrega del patrimonio nacional viabilizada por el RIGI, las desregulaciones y la sumisión hasta el ridículo a la estrategia internacional norteamericana e israelí.
Frente a esa acción, hubo reacciones y luchas destacables, pero con escasa articulación y -sobre todo- muy poco impacto político. La realidad se resiste a las explicaciones simplistas (salvo para las miradas de la derecha), pero entre los factores que seguro influyeron en ese cuadro está la inacción estruendosa de la CGT y el rol descafeinado de las CTA.
Ese repaso -incompleto, parcial, sesgado- tiene por objeto contextualizar un balance necesario sobre la lucha universitaria de este año, sobre todo en lo que compete a ADIUNSa y a la Federación que integramos. Pretendemos abrir debates honestos sobre lo que pasó, sobre aciertos y errores propios y -sobre todo- sacar enseñanzas de ello para un futuro que de a ratos parece lanzarse hacia lo inmediato.
“Tuvimos muchos paros y marchas, varias clases online, alguna clase pública y de repente, cerca del final del cuatrimestre, un regreso a la normalidad inoportuno, inesperado y silencioso”, eso escribió en ElDiarioAr el domingo 24 de noviembre la periodista, filósofa y escritora Tamara Tenembaum, quien además es docente de la UNA. Nos parece que esa reflexión de alguien que no es una referente de la actividad sindical, que no es vocera evidente de un espacio político, coincide con las sensaciones de muchxs docentes.
Para intentar comprender ese escenario, ponemos sobre la mesa algunos hechos y apreciaciones:
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Las grandes movilizaciones universitarias del 23 de abril y el 2 de octubre obtuvieron algunos logros inocultables: en el primer caso el gobierno concedió una actualización presupuestaria (limitada a gastos de funcionamiento, pero dejando al aire salarios y becas); y en el segundo mejoró levemente la oferta salarial y recuperó la Garantía Salarial. Esos logros están lejos de los objetivos que se plantearon colectivamente, y el gobierno se esmeró en minimizarlos; sin embargo, demuestran que es posible pararse, con lucha colectiva, frente a la Gran Motosierra y ponerle frenos.
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Para que esas manifestaciones fueran tan masivas, influyeron muchos factores que deberían sopesarse cuidadosa y honestamente. En primer lugar, revelaron la valoración altamente positiva que las Universidades Públicas tienen en buena parte de la sociedad argentina. En segundo lugar, la convocatoria unificada de sindicatos de trabajadorxs universitarixs (reunidos bajo un Frente Sindical Nacional) e instituciones favoreció una mayor difusión, tuvo más llegada a la prensa y la despegó de estrategias políticas particulares, como las de UxP y la UCR. Pero hay que tener cuidado en sobreestimar el rol de las estructuras, ya que sin el sustrato de apoyo masivo, y de base, a las reivindicaciones, hubiera quedado sólo en algún acto de carácter más o menos testimonial.
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La unidad, como siempre, implica la convivencia de expresiones diferentes, con objetivos dispares y en ocasiones contrapuestos. En este caso convivieron quienes intentaron convertir el reclamo en una experiencia proselitista o publicitaria, orientada a ganar adeptos para tal o cual sector; quienes lo vieron como mero soporte de la acción legislativa, apuntando a obtener cambios menores en favor de las universidades, sin confrontar con la política del gobierno en su conjunto; quienes pretenden limitar las demandas estrictamente a las universidades, a su presupuesto y sus salarios, aislados de las penurias colectivas; y de quienes consideran que un logro duradero en la defensa de las universidades no puede desgajarse de luchas más generales, más aún frente a un gobierno que explícitamente arremete contra las herramientas que permitirían diseñar un desarrollo nacional autónomo (universidades, instituciones científicas y técnicas) y contra los derechos sociales y laborales a los que considera “nefastos”.
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La segunda marcha tuvo como eje la Ley de Financiamiento Universitario aprobada ampliamente en ambas cámaras. Milei la vetó al día siguiente de la manifestación, desafiando así a la comunidad universitaria, nuevamente al Poder Legislativo (al igual que con la Ley de Jubilaciones) y al pueblo en general a enfrentar sus decisiones políticas. Esa postura presidencial puso en juego mucho más que el tema universitario.
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Una semana más tarde la Cámara de diputados no pudo revertir el veto, al no alcanzar los ⅔ de los presentes. Se repitió entonces, con leves variantes, la escena de un mes atrás cuando 87 villanos (apodados héroes por Milei) convalidaron el veto al pequeño incremento de las jubilaciones.
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En todas las universidades del país hubo una reacción inmediata. Cientos de tomas, acampes, vigilias y otras expresiones atravesaron las Casas de Estudio. A diferencia de las instancias anteriores, estas protestas contaron con la participación protagónica de lxs estudiantes, muchas veces bajo la figura de “autoconvocados”, aunque también con la intervención de diversas agrupaciones, entre ellas las de una fracción de la izquierda y algunos sectores del espectro “nac & pop”. En la UNSa esa movida se centró en la Toma del Rectorado y en asambleas numerosas interclaustro, en niveles de participación importantes.
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En el marco del Encuentro Plurinacional de Mujeres y Disidencias desarrollado en la Provincia de Jujuy, el conflicto universitario atravesó los diversos debates, fue un eje central del encuentro en que se convocaron también gran cantidad de estudiantes. En la mesa sobre Universidad fue candente el debate entre agrupaciones peronistas, kirchneristas y de izquierda, cuestionando la falta de iniciativa de los centros de estudiantes a lo largo y ancho del país en el impulso a las tomas de las universidades. Se evaluó como rasgo general que las tomas fueron impulsadas por estudiantes independientes o agrupaciones que no dirigían centros estudiantiles.
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Frente a ese escenario, el Frente Sindical que reúne (¿o reunía?) a todas las federaciones gremiales docentes y nodocentes optó por diseñar una secuencia de acciones “regionales”, desdeñando la aparición de nuevos actores en la arena. Para colmo, esas actividades se delinearon de arriba hacia abajo, con poca consulta a las bases y escaso papel de las expresiones locales en cada universidad. Las medidas parecen haber tenido un buen impacto en algunas regionales, a juzgar por lo que se ve en redes, pero no generó un hecho de alcance nacional, ni masificó la lucha. Si nos ponemos bilardistas, luego de eso vino cierto retorno a esa “normalidad” a la que referíamos anteriormente cuando traíamos las palabras de T. Tenembaum.
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De un conjunto de asambleas similares, pero en Buenos Aires, surgió la propuesta de realizar una nueva marcha el 12 de noviembre pasado. Las Federaciones ignoraron esa iniciativa, algunos sindicatos directamente la boicotearon y las autoridades universitarias la ningunearon. Los centros de estudiantes, mayormente, se mantuvieron al margen e incluso algunos enfrentaron la medida. A pesar de eso, en Salta -con la activa participación de ADIUNSa- se logró una movilización importante, que no puede separarse de un contexto en el que pocos sectores logran movilizar más que a un puñado de personas. En esa movilización tuvieron un papel destacado lxs alumnxs que participaron en la Toma, quienes habían sido denostados por sectores de derecha de la universidad, incluyendo a un grupo de nodocentes que eligió dejar sin servicios a la comunidad (comedor, jardín) para forzar el levantamiento de la medida. Los centros de estudiantes y grupos identificados con el gobierno impulsaron una movilización que prometía ser violenta contra lxs estudiantes de la Toma. Es difícil creer que haya sido casual que los centros se movieran como lo hicieron pocas veces, que un grupo de nodocentes presionaran a toda la comunidad con su medida de fuerza (no en defensa de la universidad ni por reivindicaciones de su sector, sino contra la Toma) y que un referente notorio de la ultraderecha salteña (Gustavo Orozco, diputado con causas en su contra por torturas de cuando fue policía) aprovechara su llegada a los medios para pedir que les quitaran el beneficio del boleto estudiantil a quienes participaban de la Toma. No se vio un despliegue comparable de esos actores cuando se trató de defender a la Universidad Pública.
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ADIUNSa llevó al Congreso de CONADU Histórica la propuesta de impulsar la marcha del 12. La moción no llegó a votarse nunca. Sólo se aprobó el cronograma de actividades regionales y llevar la propuesta de una marcha a Plaza de Mayo para el 23 de noviembre, que finalmente no sucedió. Durante el desarrollo del Congreso los representantes cercanos a las fuerzas trotskistas expresaron su acuerdo con la postura de ADIUNSa; sin embargo, por error o prioridad dejaron que el momento de la votación se extendiera en el tiempo, impidiendo que la mayoría de los congresales de ADIUNSa votaran, y no sostuvieron la moción del 12/11.
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Aunque el origen de la marcha del 12 era prometedor, no tuvo un despliegue nacional importante. Hubo algunas universidades en las que se hizo, con buena asistencia, pero sin el poder de fuego que supone una expresión nacional simultánea.
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El cierre de la marcha en Salta dejó expresadas diferentes posturas y estrategias entre los participantes, incluso entre quienes sostuvieron la Toma. Hubo discursos contrarios a los sindicatos en general (a los que se asimiló colectivamente como burocracias); también se escuchó la reivindicación -a veces excluyente- de la autoconvocatoria como método; y críticas de tonos variados contra las autoridades universitarias y la dirigencia política. También se vieron indicios de franca hostilidad hacia ADIUNSa de parte de algunos sectores, que en algunos momentos de la lucha articularon con docentes opositores a la conducción de ADIUNSa e incluso con autoridades de Facultad que buscan posicionarse de cara a las elecciones del año próximo en la UNSa (esto no quiere decir que esos actores sólo hayan tenido esos horizontes, sólo que explica algunos vaivenes que se apreciaron en el proceso).
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El gobierno, en tanto, ha seguido avanzando con el desmembramiento del Estado y de la soberanía, a lo que se agregó una marcada profundización de las estrategias represivas y censoras (notablemente, la embestida contra un grupo de escritoras), al tiempo que un conjunto de twitteros y matones de diferentes categorías lanzaban un “brazo armado” en un acto lleno de simbología fascista.
Hoy tenemos la necesidad de sacar conclusiones de esta experiencia y definir cómo seguir, en lo inmediato y en lo mediato. Y eso requiere tomar algunas posturas políticas de distintos niveles. Por ejemplo, ¿tiene sentido mantener apuestas a la acción legislativa respecto del presupuesto 2025, cuando el gobierno ya mostró su capacidad de gobernar con decretos y vetos, y cuando el desacuerdo mismo juega a su favor (dado que la no aprobación del presupuesto le permite total arbitrariedad para el año próximo)? ¿Hay que limitar con quiénes nos juntamos y con quiénes no (autoridades, fuerzas políticas)? ¿o eso depende de cada caso? ¿Qué valor le damos a golpear en unidad al gobierno?
El conflicto mostró que la defensa de la universidad pública podría constituirse en un eje articulador y catalizador de diversas luchas, superando lo estrictamente sectorial, congregando en torno suyo a estudiantes y sus familias, jubilados, a organizaciones de desocupados, sindicatos- principalmente aunque no exclusivamente estatales, movimiento de mujeres y disidencias. También puso en movimiento al sector estudiantil, promoviendo su organización, compromiso, la recuperación del debate político en el seno del sector estudiantil.
En torno a la defensa de la Universidad Pública se congregaron distintos sectores político-partidarios, con perspectivas muy diferentes. Los partidos que forman parte del régimen político se expresaron mayoritariamente en contra del desfinanciamiento universitario, pero algunos de sus representantes en las cámaras votaron en contra de las universidades. Esto permitió abrir un serio debate en torno a los límites de la estrategia netamente legislativa y electoral.
Los sindicatos están tambien en la mira por la falta de impulso a la acción de parte de las principales centrales sindicales del país. Así, el ataque a las herramientas de organización y representación del pueblo trabajador tiene como contracara la emergencia y fortalecimiento de organizaciones que abiertamente reivindican la represión, el hostigamiento, la persecución ideológica y la aniquilación del oponente (algunos las caracterizan como fascistas).
Por todo esto el escenario nos plantea desafíos y tareas: continuar articulando con la diversidad de sectores del pueblo trabajador, promoviendo el debate amplio y la diversidad de posiciones pero defendiendo las herramientas de lucha y representación: sindicatos, partidos, agrupaciones estudiantiles. Dar pelea dentro de las centrales sindicales por un mayor impulso a la lucha, replantearse la unidad de acción pero no subordinación a las federaciones que tienden a priorizar intereses sectorial
El 2025 seguramente traerá nuevas embestidas oficiales contra la ciencia y la educación públicas, contra los derechos laborales, contra las herramientas de defensa de los sectores populares. Tendremos el desafío de alcanzar la mayor unidad posible para derrotar esos ataques, tarea que está indisolublemente unida a la construcción de un país para todes.
Por Comisión Directiva:
* Diego MAITA L. – Secretario General
* Pamela PEREZ – Secretaria Adjunta
* Jorge RAMIREZ M.- Secretario Gremial
* Eugenia GIAMINOLA- Tesorera
* Lucía CASTRO- Vocal
* Elizabeth PAZ B. – Vocal
* Virginia GRANADOS- Vocal
* Cecilia NICOLOPULOS- Vocal
ADIUNSa